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Mi marido y yo nos casamos hace seis años en un país de Sudamérica, pero llevamos los últimos cuatro años viviendo juntos en Madrid, donde tenemos nuestro trabajo y nuestra vida establecida. Queremos divorciarnos de mutuo acuerdo, pero no sabemos si al haber contraído matrimonio en el extranjero debemos tramitar el divorcio necesariamente en ese país o si, dado que actualmente residimos en España, podemos hacerlo directamente ante la justicia española.
Le pago a mi ex mujer una pensión compensatoria desde nuestro divorcio hace cuatro años en Valencia, fijada en su momento porque ella no trabajaba tras dedicarse muchos años al hogar. Recientemente he sabido que ha conseguido un puesto de trabajo muy bien remunerado en una multinacional, con un salario que entiendo que es incluso superior al mío actual. Me gustaría saber si esta mejora económica suya me permite solicitar la reducción o incluso la extinción de la pensión compensatoria que sigo pagándole.
Tengo setenta años y vivo en Segovia, y últimamente he oído hablar bastante del llamado testamento vital o documento de instrucciones previas, además del testamento tradicional para repartir mis bienes que ya tengo otorgado desde hace años. No entiendo bien qué diferencia existe entre ambos documentos, ni si el testamento vital sustituye de alguna forma al testamento habitual, ni si necesito hacer algo adicional para tener también regulada esta otra cuestión relacionada con decisiones médicas futuras.
Mi ex pareja y yo firmamos un convenio regulador privado entre nosotros en Toledo antes de acudir al juzgado, con la intención de que después el juez simplemente lo aprobara. Sin embargo, alguien nos ha comentado que un convenio firmado de forma privada, sin homologar todavía por el juzgado, no tiene realmente fuerza legal ni puede ejecutarse si una de las partes decide incumplirlo antes de que se dicte la sentencia. Nos gustaría entender bien qué diferencia hay entre el documento firmado privadamente y el convenio ya homologado judicialmente.
Estamos en pleno procedimiento de divorcio en Bilbao y mi marido solicita custodia compartida de nuestros hijos, pero yo he presentado una denuncia por maltrato psicológico continuado durante nuestro matrimonio, aunque todavía no existe sentencia firme sobre esta denuncia. Me gustaría saber si, mientras se resuelve este procedimiento penal, el juzgado de familia puede tener en cuenta estos indicios de violencia para denegar la custodia compartida que él solicita, o si es necesario esperar a que exista una condena definitiva.
Mi hija de siete años necesita tratamiento de ortodoncia dental que no está cubierto por la sanidad pública ni por ningún seguro privado que tengamos, con un coste bastante elevado. Estoy divorciada y recibo una pensión de alimentos mensual de su padre fijada en el convenio regulador en Sevilla, pero no sé si este tipo de gastos médicos especiales ya se entiende que están incluidos dentro de esa pensión ordinaria, o si puedo reclamarle a su padre que asuma también una parte adicional de este tratamiento concreto.
Mi ex pareja me ha denunciado por violencia de género en Zaragoza, presentando unos hechos que considero completamente falsos y que no se corresponden en absoluto con la realidad de nuestra relación. Me preocupa mucho esta situación, tanto por las consecuencias penales que pueda tener como por el impacto que está teniendo ya en el régimen de visitas con mis hijos, que se ha visto suspendido cautelarmente. Quiero saber qué puedo hacer legalmente para defenderme adecuadamente de estas acusaciones que considero infundadas.
Mi hija se va a casar el próximo año en Zaragoza y está a punto de heredar junto a su hermano el negocio familiar de nuestra empresa textil, que llevamos generaciones manteniendo. Como padres, nos preocupa que, si el matrimonio no funciona en el futuro, el marido de mi hija pueda llegar a tener algún derecho sobre las participaciones de la empresa familiar. Nos gustaría saber si existe alguna fórmula legal para proteger ese patrimonio empresarial dentro del propio matrimonio de nuestra hija.
Cuándo es necesario consultar a un abogado? Las personas deciden visitar a un abogado cuando enfrentan dificultades significativas. La asistencia profesional de un abogado en Madrid es a menudo solicitada cuando el caso ya está en el tribunal o en una institución y las cosas no están yendo como se esperaba. O peor aún, el caso ya ha sido perdido. Por lo tanto, recomendamos no retrasar la consulta y resolver el problema lo antes posible.
Los precios de los servicios de los abogados se determinan por el volumen de trabajo y la complejidad del caso. En promedio, los servicios de un abogado comienzan a partir de 100 EUR. Elija candidatos según las calificaciones y opiniones. Muchos tienen ejemplos de trabajos realizados.
Las consultas con abogados en Madrid comienzan desde 70 EUR y pueden ser más altas (los precios pueden variar según la complejidad de la cuestión y el tipo de respuesta).
Esto se puede hacer en el servicio español de búsqueda de abogados Abogados24-es.com de forma completamente gratuita. Es importante saber que la búsqueda conveniente y el contacto con el especialista son gratuitos, mientras que la consulta y los servicios proporcionados por los especialistas pueden ser de pago.
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