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Mi ex pareja y yo firmamos un convenio regulador privado entre nosotros en Toledo antes de acudir al juzgado, con la intención de que después el juez simplemente lo aprobara. Sin embargo, alguien nos ha comentado que un convenio firmado de forma privada, sin homologar todavía por el juzgado, no tiene realmente fuerza legal ni puede ejecutarse si una de las partes decide incumplirlo antes de que se dicte la sentencia. Nos gustaría entender bien qué diferencia hay entre el documento firmado privadamente y el convenio ya homologado judicialmente.

Somos cuatro hermanos herederos de nuestros padres en Palma de Mallorca, y llevamos meses intentando cerrar la partición de la herencia, que incluye varios inmuebles y cuentas bancarias, pero uno de mis hermanos se niega sistemáticamente a firmar cualquier propuesta de reparto que le presentamos, sin dar realmente ninguna alternativa concreta ni razones claras, simplemente bloqueando el proceso. Me gustaría saber qué opciones legales tenemos los otros tres hermanos para poder avanzar y repartirnos finalmente la herencia a pesar de esta actitud obstruccionista.

Estoy valorando iniciar una acción de nulidad matrimonial en Alicante por causas que ya he consultado con mi abogado, pero tengo mucha preocupación por saber qué ocurriría con mis dos hijos, nacidos durante este matrimonio, si finalmente se declara la nulidad, ya que no sé si legalmente esto afectaría de alguna forma a su filiación respecto a su padre o a mí, ni cómo se resolverían cuestiones como la custodia o la pensión de alimentos en caso de que el matrimonio se declare nulo en lugar de simplemente disuelto por divorcio.

Mi padre, de nacionalidad extranjera, residía desde hacía muchos años en Madrid, donde finalmente falleció el mes pasado, dejando un piso y algunos ahorros aquí, además de una vivienda en su país de origen. No sabemos si su herencia debe regirse por la ley española, por ser el lugar donde residía y donde están la mayoría de sus bienes, o por la ley de su país de nacionalidad, ya que hemos oído que esto puede ser bastante complicado cuando hay elementos internacionales de por medio.

Estamos negociando el convenio regulador de nuestro divorcio en Alicante y no logramos ponernos de acuerdo sobre cómo repartir exactamente el verano entre ambos con nuestros dos hijos, ya que yo preferiría dividirlo en dos quincenas completas alternas, mientras que mi marido prefiere repartirlo por meses completos, un mes cada uno. Me gustaría saber si existe algún criterio legal o práctica habitual sobre cómo suele repartirse el periodo vacacional de verano en estos casos, para poder orientarnos mejor en la negociación.

Me divorcié en Cádiz hace tres años y mi ex marido se trasladó posteriormente a vivir y trabajar en otro país europeo, desde donde ha dejado de pagar la pensión de alimentos de nuestros hijos con regularidad desde hace bastantes meses. No sé si puedo ejecutar la sentencia española directamente en el país donde él reside ahora, ni qué mecanismos existen para reclamar estas cantidades cuando el deudor se encuentra fuera de España.

Mi pareja y yo nos estamos separando en León y tenemos dos hijos, de seis y quince años. El mayor ha manifestado claramente que prefiere quedarse conmigo, mientras que el pequeño tiene mucho apego a su padre y parece encontrarse mejor con él. Estamos valorando la posibilidad de que cada uno se quede con la custodia de uno de los hijos, en lugar de mantenerlos juntos, y queremos saber si esto es legalmente posible o si los tribunales tienden a evitar este tipo de reparto entre hermanos.

En el convenio regulador de mi divorcio, firmado hace un año en Huelva, se acordó que mi ex marido pagaría la mitad de la matrícula y el material escolar de nuestra hija cada septiembre, además de la pensión mensual ordinaria. Este curso se ha negado a pagar su parte alegando que ya paga suficiente con la pensión mensual, aunque en el convenio quedó claramente reflejado como un gasto adicional a repartir entre ambos. Necesito saber cómo puedo obligarle a cumplir esta parte concreta del convenio sin tener que iniciar un proceso judicial completo desde cero.