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Vivo en Barcelona y desde hace tiempo sufro maltrato psicológico y en alguna ocasión también físico por parte de mi pareja, con quien tengo dos hijos pequeños. Finalmente he decidido denunciar, pero tengo mucho miedo de lo que pueda pasar después de la denuncia, tanto por mi seguridad como por la de mis hijos, y no sé si puedo pedir que se quede fuera de casa de forma inmediata ni quién decidirá la custodia mientras se resuelve todo el proceso judicial. Necesito entender qué pasos seguir y qué protección legal existe en estos casos tan urgentes.
Mi marido y yo llevamos veinte años casados en régimen de gananciales y estamos divorciándonos en Madrid. Ambos tenemos planes de pensiones privados contratados durante el matrimonio a través de nuestros respectivos trabajos, con aportaciones bastante desiguales porque él ha cotizado un salario más alto que el mío durante todos estos años. Quiero saber si estos planes de pensiones forman parte también de los bienes gananciales a repartir, o si al estar cada uno a nombre de una sola persona quedan completamente al margen de la liquidación.
Tengo cuarenta años, vivo sola en Murcia y trabajo de forma estable como funcionaria desde hace más de una década. Siempre he querido ser madre y, tras valorar distintas opciones, he decidido iniciar el proceso de adopción nacional sin tener pareja. Algunas personas de mi entorno me han comentado que quizás las administraciones prioricen a las parejas frente a las solicitudes individuales, y me gustaría saber si legalmente existe algún impedimento para adoptar siendo una mujer soltera y qué debo tener en cuenta antes de solicitarlo.
Mi pareja y yo llevamos conviviendo varios años en Murcia sin estar casados ni inscritos como pareja de hecho, y tenemos un hijo pequeño en común. Hemos decidido separarnos, pero la vivienda donde vivimos está alquilada únicamente a nombre de mi pareja. Me gustaría saber si, al no estar casados ni ser pareja de hecho formalmente inscrita, tengo algún derecho a permanecer en esta vivienda junto con nuestro hijo, o si simplemente debo abandonarla porque el contrato de alquiler no está a mi nombre.
Soy de origen latinoamericano y obtuve mi residencia en España hace tres años gracias a mi matrimonio con un ciudadano español, con quien resido en Zaragoza. Actualmente estamos en trámites de divorcio de mutuo acuerdo, pero me preocupa mucho qué pasará con mi permiso de residencia una vez que el divorcio se formalice, ya que no sé si perderé automáticamente mi situación legal en España al dejar de estar casada con un español.
Mi ex mujer y yo acordamos la custodia compartida de nuestros dos hijos en Bilbao, alternando semanas en cada domicilio, pero no sabemos exactamente cómo debe resolverse la cuestión del uso de la vivienda familiar en este tipo de custodia, ya que el criterio tradicional que conocemos, de atribuir la casa al progenitor custodio, no encaja bien cuando ambos compartimos igualmente el cuidado de los niños. Nos gustaría entender qué criterios suelen aplicar los tribunales en estos casos de custodia compartida respecto a la vivienda familiar.
Estoy en pleno procedimiento de separación en Cádiz y mi ex pareja ha solicitado en el juzgado que mis visitas con nuestro hijo de cuatro años se realicen de forma supervisada, alegando ciertos episodios pasados de mi vida que ya he superado completamente. No entiendo bien qué implica exactamente que las visitas sean supervisadas, ni durante cuánto tiempo suele mantenerse esta medida, ni qué debo hacer para poder recuperar cuanto antes un régimen de visitas normal sin supervisión.
Mi hijo acaba de cumplir dieciocho años y se ha ido a estudiar a otra ciudad en Zaragoza, donde vive en un piso compartido con otros estudiantes mientras cursa sus estudios universitarios. Sigo pagando la pensión de alimentos fijada en mi divorcio, pero ahora los gastos son diferentes, ya que además de su manutención habitual debe pagar alquiler y otros gastos derivados de vivir fuera de casa. Me gustaría saber si debo seguir pagando exactamente la misma cantidad que antes o si esta nueva situación justifica revisar el importe de la pensión.
Cuándo es necesario consultar a un abogado? Las personas deciden visitar a un abogado cuando enfrentan dificultades significativas. La asistencia profesional de un abogado en Madrid es a menudo solicitada cuando el caso ya está en el tribunal o en una institución y las cosas no están yendo como se esperaba. O peor aún, el caso ya ha sido perdido. Por lo tanto, recomendamos no retrasar la consulta y resolver el problema lo antes posible.
Los precios de los servicios de los abogados se determinan por el volumen de trabajo y la complejidad del caso. En promedio, los servicios de un abogado comienzan a partir de 100 EUR. Elija candidatos según las calificaciones y opiniones. Muchos tienen ejemplos de trabajos realizados.
Las consultas con abogados en Madrid comienzan desde 70 EUR y pueden ser más altas (los precios pueden variar según la complejidad de la cuestión y el tipo de respuesta).
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