fecha de respuesta: 12.01.2025
La soberanía regulatoria se refiere al derecho del Estado a legislar y regular en aras del interés público (salud, medio ambiente, orden público). Los tratados de inversión no anulan esa facultad, pero sí exigen que las regulaciones no sean arbitrarias ni equivalgan a expropiación sin indemnización. Dichos tratados balancean la libertad de legislar con la obligación de no destruir injustamente la inversión. Una regulación legítima, no discriminatoria y proporcional, se considera ejercicio normal de la soberanía. Sólo si la medida se torna desproporcionada o discriminatoria contra el inversor, surge la responsabilidad de indemnizar. Este equilibrio evita que los tratados se usen para bloquear las políticas públicas legítimas.