¿Cómo se protege la diversidad funcional en el empleo?

Sí, la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social exige que las empresas públicas y privadas con 50 o más trabajadores reserven al menos un 2% de sus puestos para personas con discapacidad. Se fomentan incentivos para su contratación y ajustes razonables en el puesto de trabajo. Si no se alcanza el 2%, se puede adoptar medidas alternativas legalmente previstas, como subvenciones a centros especiales de empleo. También la normativa prohíbe discriminación en acceso al empleo, formación o promoción por razón de discapacidad y obliga a adaptar el puesto para que sea accesible, salvo que suponga carga desproporcionada.