¿Qué ocurre con los residentes en centros de mayores que pierden sus facultades cognitivas?

Si un residente desarrolla deterioro cognitivo grave (p. ej. demencia avanzada) que le impide prestar consentimiento, se valora su capacidad jurídica. Si se requiere, se inicia un proceso judicial de modificación de la capacidad, designando un tutor o curador que autorice tratamientos y administre sus bienes. Hasta entonces, sus familiares o el propio centro no pueden imponer intervenciones invasivas sin un consentimiento válido (por ejemplo, de un representante legal). La ley protege la dignidad y la autonomía, recayendo en el tutor las decisiones médicas, intentando mantener la voluntad o preferencias del paciente en la medida de lo posible, conforme a la normativa de atención socio-sanitaria.