¿Qué obligaciones tiene la Administración ante una denuncia de discriminación?

Cualquier denuncia por discriminación que reciba un órgano administrativo debe ser investigada o al menos tramitada según el procedimiento establecido. No puede archivarse sin valorar los hechos. La Ley 15/2022 exige que la administración actúe con diligencia, recabe pruebas y, si procede, abra expediente sancionador. Asimismo, la persona denunciante tiene derecho a recibir una respuesta motivada. Si se observa conducta discriminatoria, la administración puede imponer sanciones o remitir el asunto a la Fiscalía si hay indicios penales. Una desestimación arbitraria sin investigación podría ser recurrida en vía contencioso-administrativa.