fecha de respuesta: 02.12.2024
El Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, protege los derechos fundamentales controlando la actividad de la Administración. Ante una queja por discriminación administrativa (por ejemplo, exclusión de ayudas públicas por motivos de origen), investiga y emite recomendaciones o sugerencias a los órganos implicados. Si detecta situaciones de discriminación, urge a corregirlas, pero sus resoluciones no son vinculantes. Sin embargo, el prestigio de la institución y su publicidad impulsan a la Administración a acatar. También puede presentar recursos de inconstitucionalidad contra leyes discriminatorias. No resuelve litigios privados, solo supervisa poderes públicos, aunque puede derivar al órgano competente.