fecha de respuesta: 22.11.2024
Si una autoridad o funcionario público deniega trámites a una persona o familia por razones discriminatorias (por ejemplo, rechazar la inscripción de hijos de una pareja de lesbianas), se infringe la Constitución y la normativa de igualdad. La víctima puede denunciar ante la vía penal por prevaricación (si actúa a sabiendas de la ilegalidad) o ante la vía contencioso-administrativa para anular la negativa y forzar la inscripción. También se exponen a sanciones disciplinarias en el ámbito de la función pública. Actualmente, las instrucciones del Registro Civil reconocen los mismos derechos de filiación a las parejas LGTBI, y obstaculizarlos sin base legal es discriminatorio.