¿Cómo protege la legislación española a los inversores extranjeros que operan en España?

La Constitución Española y la Ley de Expropiación Forzosa garantizan que cualquier expropiación debe obedecer a causa de utilidad pública o interés social, y conllevar el derecho a una indemnización adecuada. Asimismo, España, como Estado de la UE, sigue directrices europeas que promueven la libertad de establecimiento y evitan discriminaciones al inversor extranjero. Además, los tratados bilaterales de inversión suscritos por España otorgan protección internacional. Todo ello ofrece un marco sólido que protege la propiedad y asegura que no se adopten medidas confiscatorias discrecionales sin compensación.