¿Cómo se protege a los inversores que participan en proyectos de infraestructuras mediante alianzas público-privadas?

En las alianzas público-privadas (APP), suele haber contratos detallados que definen las obligaciones del Estado y del inversor, estableciendo fórmulas de reequilibrio económico-financiero si cambian las condiciones (e.g., modificaciones legales, variaciones de demanda regulada). Además, a menudo los Estados otorgan garantías de pago en caso de rescisión anticipada o expropiación de la concesión. Dependiendo del país, se incluye un arbitraje internacional. También puede haber cobertura de riesgo político otorgada por agencias como CESCE en España, OPIC en EE.UU. o MIGA del Banco Mundial, que aseguran contra expropiaciones, inconvertibilidad de moneda, etc. De este modo, el inversor goza de cierta seguridad.