fecha de respuesta: 29.11.2024
La normativa de competencia desleal y la Ley de Morosidad, junto a la figura del posible abuso de dependencia económica, pueden amparar a la pyme si el gran cliente impone condiciones contrarias a la buena fe. Además, el Código Civil prohíbe cláusulas abusivas que limiten desproporcionadamente los derechos del proveedor. Si se demuestra que el cliente utiliza su posición de poder para imponer plazos de pago excesivos o descuentos injustificados, la pyme puede denunciarlo ante tribunales civiles o acudir a instancias arbitrales. También se recomienda documentar las negociaciones y rechazar la firma de cláusulas lesivas. El Ministerio de Industria ofrece asesoramiento, y la CNMC podría intervenir si hubiera indicios de práctica anticompetitiva.