Orden de protección por violencia de género: plazos 2026

Conseguir una orden de protección por violencia de género no es el final del camino, es el principio de un plazo que corre en tu contra: las medidas civiles que protegen a los hijos, la vivienda o la pensión duran solo treinta días, y si en ese tiempo no se presenta la demanda de familia correspondiente, se extinguen automáticamente, aunque la protección penal siga vigente.

Qué es la orden de protección y qué combina

La orden de protección, regulada en el artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, confiere a la víctima un estatuto integral de protección que agrupa en una sola resolución judicial tres tipos de medidas: cautelares penales, cautelares civiles, y de asistencia social. No es un simple papel de alejamiento: es la puerta de entrada a ayudas públicas, y el testimonio de la resolución sirve como título acreditativo de la condición de víctima de violencia de género ante las distintas administraciones.

Quién puede pedirla y dónde solicitarla

Puede solicitarla la propia víctima, cualquier persona que tenga con ella alguna de las relaciones familiares o de convivencia relevantes, o el Ministerio Fiscal; y el juez también puede acordarla de oficio. La solicitud, a través de un formulario normalizado, puede presentarse en comisarías de Policía, puestos de la Guardia Civil, juzgados, fiscalía, Oficinas de Atención a las Víctimas, Servicios de Orientación Jurídica de los Colegios de Abogados, o servicios sociales.

La audiencia urgente de 72 horas: cómo se desarrolla

Presentada la solicitud, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, o el Juzgado de guardia si aquel no está de servicio, debe convocar una audiencia urgente en un plazo máximo de setenta y dos horas. A esa audiencia deben citarse la víctima asistida de su abogado, la persona investigada con su defensa, y el Ministerio Fiscal.

1. Presentación de la solicitud, con el formulario normalizado o mediante denuncia.
2. Citación urgente de las partes para la audiencia, dentro del plazo máximo de 72 horas.
3. Celebración de la audiencia: declaración por separado de víctima e investigado, para evitar la confrontación entre ambos, y práctica de la prueba disponible sobre la situación de riesgo.
4. Resolución mediante auto, inmediatamente después de la audiencia, concediendo o denegando la orden y fijando su contenido concreto.
5. Comunicación inmediata del auto a las partes, a la policía, al Registro Central de Protección de las Víctimas y a los servicios sociales.

Medidas penales y medidas civiles: no duran lo mismo

Esta diferencia de plazos es, con diferencia, la parte menos comprendida de la orden de protección: mientras la protección penal frente al agresor puede mantenerse durante meses o años, las medidas civiles que organizan la vida cotidiana de los hijos y de la vivienda tienen fecha de caducidad mucho más corta.

El plazo que decide todo: los 30 días de las medidas civiles

El artículo 544 ter.7 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es taxativo: las medidas de carácter civil contenidas en la orden de protección tendrán una vigencia temporal de treinta días. La ley da una salida, pero exige actuar dentro de ese plazo: si la víctima o su representante legal presentan, dentro de esos treinta días, una demanda de familia ante la jurisdicción civil —divorcio, separación, medidas paterno-filiales—, las medidas civiles adoptadas permanecen en vigor treinta días más, contados desde la presentación de esa demanda. En ese nuevo plazo, el juzgado de primera instancia competente debe ratificarlas, modificarlas o dejarlas sin efecto.

La consecuencia práctica es clara: nada más obtener la orden de protección, conviene contar ya con asesoramiento para preparar la demanda de familia dentro de esos treinta días, en lugar de esperar a que se acerque el vencimiento del plazo.

Qué pasa si se incumple la orden

El incumplimiento de las medidas de alejamiento o de prohibición de comunicación acordadas en la orden de protección constituye el delito de quebrantamiento de medida cautelar, tipificado en el Código Penal. La denuncia de un quebrantamiento debe formularse de inmediato ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o el juzgado, ya que puede dar lugar, entre otras consecuencias, a la revisión de las medidas cautelares vigentes sobre la persona investigada.

La violencia vicaria: cuando el objetivo son los hijos

La violencia vicaria es la que el agresor ejerce sobre los hijos u otros familiares de la víctima, no directamente sobre ella, con el objetivo de causarle el mayor daño posible a través de las personas que más quiere. Precisamente por eso, cuando existen hijos menores, el juez debe pronunciarse en todo caso, incluso de oficio, sobre las medidas civiles relativas a la patria potestad, la guarda y custodia, el régimen de visitas, comunicación y estancia, y la pensión de alimentos, dentro de la propia orden de protección.

Preguntas frecuentes

En conclusión

La orden de protección resuelve la urgencia inmediata en 72 horas, pero la parte que de verdad organiza el día a día de una familia —custodia, vivienda, pensión— solo dura treinta días si no se actúa. Es en ese plazo, no en el momento de la orden, donde muchas víctimas pierden protección real por desconocimiento, no porque la ley no la contemple. Actuar rápido presentando la demanda de familia dentro de ese margen es lo que mantiene viva la protección civil junto a la penal.

Este artículo tiene finalidad informativa general y no constituye asesoramiento jurídico individualizado. Si estás en una situación de riesgo, contacta con el 016 (atención a víctimas de violencia de género, no deja rastro en la factura) o con el 112 en caso de emergencia. Antes de actuar, consulta tu caso concreto con un abogado.