¿Qué garantías protege la Ley de contratos alimentarios para el agricultor cuando negocia con la industria o distribución?

Sí, la Ley 12/2013 y sus modificaciones introducen la exigencia de formalizar cada operación en un contrato alimentario escrito, indicando precio, forma de cálculo y plazos de pago (no más de 30 días para productos frescos, 60 días para otros). Se prohíbe la venta a pérdidas, imponer costes de promoción sin acuerdo o devolver producto no vendido. También se obliga a notificar cualquier descuento o penalización con transparencia. Si se infringen estas normas, la AICA puede sancionar. Así se busca equilibrar la negociación entre el agricultor y grandes compradores, evitando abusos de poder de mercado.