¿Qué ocurre si un tribunal anula la adjudicación de un contrato ya en ejecución?

Si la adjudicación es anulada judicialmente, el contrato pierde su base legal. La Administración, en principio, debe restablecer la legalidad, lo que implica resolver el contrato. Sin embargo, el tribunal puede modular los efectos para no causar perjuicio público, permitiendo la continuidad temporal hasta nueva licitación. Puede incluso convalidar en parte las actuaciones si existen motivos de interés general (p.ej., un servicio esencial que no puede interrumpirse). En todo caso, se indemniza a la empresa que obró de buena fe por los costes irrecuperables. Este escenario no es habitual pero sucede si la anulación llega tras varios meses de ejecución. La Administración debe acatar la sentencia y, si procede, relicitación.