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Mi ex marido lleva varios meses sin pagar la pensión de alimentos de nuestros hijos, fijada en la sentencia de divorcio dictada en Jaén. Sé que todavía mantiene una cuenta bancaria conjunta con su nueva pareja, aunque él no tiene ninguna cuenta a su nombre en solitario que yo conozca. Me gustaría saber si puedo pedir el embargo de esa cuenta conjunta para cobrar lo que me debe, o si el hecho de que esté también a nombre de otra persona lo impide.

Estoy valorando iniciar una acción de nulidad matrimonial en Alicante por causas que ya he consultado con mi abogado, pero tengo mucha preocupación por saber qué ocurriría con mis dos hijos, nacidos durante este matrimonio, si finalmente se declara la nulidad, ya que no sé si legalmente esto afectaría de alguna forma a su filiación respecto a su padre o a mí, ni cómo se resolverían cuestiones como la custodia o la pensión de alimentos en caso de que el matrimonio se declare nulo en lugar de simplemente disuelto por divorcio.

Estamos en proceso de adopción nacional de un niño de seis años en Valladolid, y aunque queremos que lleve nuestros apellidos para integrarse plenamente en la familia, el pequeño ha expresado que le gustaría conservar de alguna forma el recuerdo de su apellido biológico, con el que ha crecido hasta ahora. No sabemos si legalmente es posible combinar ambas cosas ni cómo se gestiona el cambio de apellidos una vez que se formaliza la adopción ante el juzgado.

Llevamos doce años casados en Sevilla bajo el régimen de gananciales, que es el que se aplicó por defecto porque no firmamos nada antes de la boda. Ahora, tras montar un pequeño negocio familiar cada uno por su cuenta, nos gustaría cambiar al régimen de separación de bienes para simplificar la gestión de nuestros respectivos patrimonios y evitar complicaciones futuras. Queremos saber si esto es posible estando ya casados desde hace tanto tiempo y qué pasaría con los bienes gananciales que ya tenemos acumulados hasta ahora.

Mi ex pareja y yo firmamos un convenio regulador privado entre nosotros en Toledo antes de acudir al juzgado, con la intención de que después el juez simplemente lo aprobara. Sin embargo, alguien nos ha comentado que un convenio firmado de forma privada, sin homologar todavía por el juzgado, no tiene realmente fuerza legal ni puede ejecutarse si una de las partes decide incumplirlo antes de que se dicte la sentencia. Nos gustaría entender bien qué diferencia hay entre el documento firmado privadamente y el convenio ya homologado judicialmente.

Mi ex mujer y yo tenemos establecida la custodia compartida de nuestros dos hijos al cincuenta por ciento en Bilbao desde hace un año, con semanas alternas en cada domicilio, pero en la sentencia se me obliga además a pagarle una pensión de alimentos mensual, lo cual no entiendo bien, ya que pensaba que en la custodia compartida cada progenitor asumía directamente los gastos de los hijos durante el tiempo que están con él, sin necesidad de pensiones adicionales entre nosotros. Me gustaría entender por qué en mi caso sí se ha fijado esta pensión.

Mi padre falleció recientemente en Valencia y, al revisar sus papeles, he descubierto que tenía varias deudas pendientes con bancos y posiblemente con Hacienda, cuyo importe desconozco con exactitud todavía. No quiero aceptar la herencia si eso implica que tenga que pagar esas deudas con mi propio patrimonio personal, pero tampoco quiero renunciar del todo porque hay algunos bienes, como un piso pequeño, que sí me interesaría conservar. Me gustaría saber qué opciones legales tengo para no arriesgar mi dinero ante deudas que desconozco todavía.

Estoy en proceso de divorcio en Málaga. Durante el matrimonio hemos vivido en una casa que pertenece legalmente a los padres de mi marido, aunque llevamos diez años residiendo allí con nuestros dos hijos, de nueve y doce años. Mi marido quiere que me vaya de la vivienda en cuanto se dicte la sentencia, pero yo tengo la custodia de los niños y no dispongo de otra vivienda cercana a su colegio. Me gustaría saber si tengo algún derecho a seguir usando esa casa aunque no figure a nuestro nombre y qué puede decidir el juez al respecto.