fecha de respuesta: 02.11.2024
Los Estados contratacan alegando, por ejemplo, falta de jurisdicción del tribunal (porque la conducta no encaja en el tratado), o que el inversor incumplió la ley local (investments 'made in accordance with law'). Pueden defender que la medida es una regulación legítima no indemnizable, o invocar excepciones de orden público, salud o seguridad. A la hora de cuantificar daños, discuten la metodología del inversor (DCF muy optimista). Pueden presentar peritos expertos que estimen un valor menor. También alegan la mala fe del inversor, su complicidad en corrupción o no haber mitigado el daño. O solicitan la reducción de la indemnización por culpa concurrente del inversor.