fecha de respuesta: 19.11.2024
La normativa procura equilibrar el interés general de proteger la parte más vulnerable, el consumidor, con la libertad de empresa. En muchos casos, se admite la libertad contractual siempre que no vulnere derechos mínimos del consumidor. Se exigen cláusulas transparentes y prohíben abusos. La jurisprudencia del Tribunal Supremo y del TJUE subraya que la ley de consumo no anula la libertad de fijar precios o condiciones, pero exige que sean leales e informados. Cuando hay contradicción, la protección del consumidor prevalece al ser un imperativo legal (irrenunciabilidad), pero esto no impide que los empresarios operen con margen de negocio mientras cumplan las reglas de protección.