fecha de respuesta: 25.12.2024
El acoso escolar discriminatorio vulnera los derechos fundamentales del menor afectado. La legislación educativa obliga a los centros a tener planes antiacoso y protocolos de actuación inmediata. Si el bullying contiene insultos racistas, homófobos o amenazas, las autoridades educativas pueden imponer medidas disciplinarias a los agresores. Además, podría constituir un delito de odio si hay violencia o amenazas graves, con responsabilidad penal para los mayores de 14 años. El centro educativo, si no actúa, asume responsabilidad administrativa e incluso civil por negligencia al no proteger al alumno víctima. Se contemplan sanciones y la reparación del daño al menor.