fecha de respuesta: 24.12.2024
La propiedad privada prevalece ante la ocupación no consentida de una vivienda. El derecho a la vivienda, recogido en la Constitución, no legitima la ocupación ilegal. El propietario puede exigir el desalojo por vía civil (desahucio exprés en el caso de vivienda habitual) o incluso denuncia penal si es allanamiento de morada. Aunque la escasez de vivienda sea un problema social, la solución no pasa por violar la propiedad ajena. Para casos de necesidad, se prevén medidas de ayuda social o realojos, pero no se puede amparar la ocupación indefinida sin acuerdo con el dueño.