¿Cómo se tratan los conflictos de interés en la contratación pública?

La ley obliga a identificar y evitar cualquier conflicto de interés: un empleado público, miembro de la mesa de contratación o político que tenga relación personal o económica con un licitador debe abstenerse de intervenir en la adjudicación. Se establece la prohibición de contratar para autoridades o empleados que incurran en causas legales de incompatibilidad o que tengan lazos familiares con directivos de empresas licitadoras. También se exigen declaraciones responsables de los miembros de la mesa o del órgano de contratación. Si se detecta el conflicto y no se subsana, la adjudicación puede anularse por violar los principios de imparcialidad.