¿Cuál es la naturaleza de los patrimonios protegidos para personas con discapacidad?

La Ley 41/2003 regula el patrimonio protegido de las personas con discapacidad, que consiste en atribuir bienes y derechos con finalidades asistenciales. No conforma una nueva persona jurídica ni un trust en sentido anglosajón, sino un patrimonio separado que queda afecto a cubrir necesidades vitales y de cuidado del beneficiario. Las aportaciones gozan de beneficios fiscales. El beneficiario mantiene la titularidad, pero con las limitaciones y el destino obligacional establecido, de modo que no se confunda con sus demás bienes ni puedan embargarse libremente. Es una institución peculiar para asegurar la protección financiera de la persona con discapacidad.