fecha de respuesta: 11.12.2024
Los detractores argumentan que el sistema de arbitraje inversor-Estado (ISDS) permite a empresas multinacionales demandar a Estados por cambios regulatorios que protegen el interés público pero afectan su rentabilidad. Temen que esto genere un 'efecto disuasorio' o 'regulatory chill', donde los gobiernos evitan legislar en medio ambiente, salud o derechos laborales por miedo a costosas demandas. Además, se critica la falta de equilibrio, pues sólo el inversor puede demandar. Se cuestiona la transparencia de los laudos, la posibilidad de 'forum shopping' y la supuesta falta de legitimidad democrática. Por ello se han propuesto reformas para introducir un tribunal multilateral de inversiones o reforzar la apelación.