¿Pueden las comunidades autónomas dictar normas propias de extranjería?

La Constitución reserva la competencia en materia de extranjería al Estado central, por lo que las comunidades no pueden dictar leyes sustanciales de entrada, permisos o expulsiones. Sin embargo, sí pueden regular aspectos de integración social (programas de formación, informes de arraigo, empadronamiento, etc.) y gestionar su política social hacia inmigrantes. También emiten dictámenes para la reagrupación familiar (informe de vivienda e integración). Pero la concesión o denegación de permisos de residencia y trabajo corresponde a la Administración General del Estado, a través de la Ley y Reglamento de Extranjería. Por tanto, la competencia autonómica es complementaria en políticas de acogida e inserción.