fecha de respuesta: 17.12.2024
Sí, los organismos de consumo autonómicos (como la Agencia Catalana del Consumo) vigilan el cumplimiento de la legislación de protección al consumidor en comercio electrónico. Pueden inspeccionar webs, requerir información, dictar órdenes de cese de prácticas ilegales y sancionar. Las multas varían según la gravedad e impacto. También pueden denunciar ante la Fiscalía si se observa delito. Si detectan clausulas abusivas o publicidad engañosa, exigen su corrección y pueden imponer sanciones administrativas. Cada comunidad tiene su régimen, pero la base es la normativa estatal y la directiva europea. El e-commerce debe cooperar con las autoridades.