¿Qué consecuencias tiene la prohibición de contratar para una empresa sancionada?

La prohibición de contratar, inscrita en el Registro de Contratos del Sector Público, impide a la empresa firmar nuevos contratos con la Administración y entidades del sector público por un periodo que puede oscilar entre 3 y 5 años (o más, según la gravedad). Se aplica cuando la empresa ha sido sancionada por infracciones muy graves en materia de contratación o condenada por delitos relacionados con la Administración, corrupción o falsedad. También puede imponerse si se comprueba que la empresa ha incurrido en cártel de licitaciones. Es una sanción drástica, pues excluye al infractor del mercado público, forzándolo a un grave perjuicio económico.