fecha de respuesta: 23.11.2024
En la sanidad pública, el paciente tiene derecho a completar su proceso de rehabilitación si existe indicación médica de que puede mejorar su funcionalidad o evitar secuelas. El alta se decide atendiendo a criterios clínicos. Si el facultativo considera que ya no hay avance posible, puede finalizar la rehabilitación. Sin embargo, el paciente puede solicitar segunda opinión o reclamar si estima que la terapia se interrumpe prematuramente. Si el accidente es laboral o de tráfico, la mutua o el seguro asumen los costes de rehabilitación hasta la estabilización de secuelas. No se otorga un derecho ilimitado a sesiones si no existe mejoría plausible, pero sí se procura un tratamiento completo que optimice la recuperación.