fecha de respuesta: 06.11.2024
La nueva PAC incluye la condicionalidad social, que liga el cobro de ayudas a que la explotación cumpla la normativa laboral y social (salarios, seguridad, contratación). Si se detectan infracciones graves en inspecciones de trabajo o se demuestra explotación laboral, se aplican reducciones en las ayudas. Su objetivo es reforzar la protección de los trabajadores del campo y penalizar prácticas abusivas. Aunque la implementación es gradual, supone un avance integrando la dimensión social en la concesión de fondos agrarios. Si un agricultor vulnera las leyes laborales, puede perder parte de las subvenciones, en aras de la justicia social.