fecha de respuesta: 22.11.2024
Los Principios Rectores de la ONU (Ruggie) fijan un marco de 'Proteger, Respetar y Remediar' para estados y empresas, promoviendo que los inversores no vulneren derechos humanos y que los estados establezcan vías de reparación. No crean obligaciones legales directas en arbitraje de inversiones, pero influyen en la interpretación de 'trato justo y equitativo' y el margen regulatorio del Estado. Podrían justificar medidas estatales que protejan derechos humanos sin considerarse expropiación. Asimismo, se discute si la mala conducta del inversor, contraria a estos principios, pudiera invalidar reclamos en arbitraje. Aún no hay un instrumento vinculante que obligue a inversores, pero los árbitros comienzan a referirse a ellos para contextualizar la conducta.