fecha de respuesta: 11.12.2024
Sí, la Directiva 2014/24/UE (junto a la 2014/23/UE y 2014/25/UE) obligó a los Estados miembros a reformar su normativa de contratación. En España, se plasmó en la Ley 9/2017, que traspuso las exigencias europeas de transparencia, simplificación de procedimientos, fomento del acceso de pymes, etc. También se reforzaron criterios sociales y medioambientales. La directiva introduce la posibilidad de asociación para la innovación, promueve la contratación electrónica obligatoria y endurece las reglas frente a conflictos de interés. Así, la ley interna se adecua al marco comunitario, armonizando las reglas a escala europea.