fecha de respuesta: 31.10.2024
La Ley de Telecomunicaciones regula la ocupación del dominio público y el derecho de los operadores a instalar infraestructuras, siempre que cumplan los planes de despliegue y las normativas urbanísticas. Los ayuntamientos no pueden obstaculizar injustificadamente el despliegue de fibra, pues existe un interés general en la extensión de la banda ancha. Deben tramitar las licencias de obras o la afectación de vía pública de forma ágil, sin imponer tasas abusivas. Si un consistorio deniega permisos sin causa, el operador puede recurrir ante los tribunales y la CNMC o el Ministerio pueden intervenir para garantizar el principio de facilidades al despliegue.