fecha de respuesta: 07.01.2025
Si un funcionario o autoridad dicta resoluciones de adjudicación a sabiendas de su injusticia o manipula la licitación para favorecer a alguien, puede incurrir en prevaricación (delito penado con inhabilitación y prisión, según el Código Penal). Asimismo, la Ley de Contratos contempla responsabilidad administrativa y disciplinaria: sanciones, suspensión de empleo, etc. La gravedad de la conducta determinará si se califica de infracción administrativa o se tipifica penalmente. Ejemplos: manipular las puntuaciones, omitir la necesaria publicidad o adjudicar a dedo. La integridad de los empleados públicos es esencial para garantizar la limpieza de la contratación.