fecha de respuesta: 01.01.2025
El pliego suele contemplar penalizaciones si el licitador falsea datos, presenta documentación engañosa sobre solvencia o experiencia, o manipula elementos sustanciales de la oferta. Además de la anulación de la adjudicación o la exclusión de la licitación, la Administración puede incautar la garantía y proponer la prohibición de contratar, inscrita en el registro de licitadores. A nivel penal, si se demuestra falsedad documental o fraude, podrían instruirse diligencias ante la justicia. La Ley de Contratos establece que la oferta debe ser veraz, y si se acredita un engaño relevante, la empresa queda expulsada del procedimiento y afronta sanciones.