fecha de respuesta: 19.01.2025
La malversación de caudales públicos abarca la apropiación, sustracción o uso indebido de fondos o bienes estatales por parte de un funcionario o autoridad, ya sea para beneficio propio o ajeno, o destinándolos a fines ajenos al servicio público. El CP distingue malversación apropiativa de la malversación por administración desleal (usar fondos para un fin distinto y causar perjuicio al erario). Las penas varían según el importe sustraído y la gravedad del perjuicio. Se pena con prisión y, además, inhabilitación para empleo o cargo público, pues quiebra la confianza depositada en la gestión de recursos públicos.