fecha de respuesta: 16.11.2024
Sí, la vía para impugnar un reglamento estatal (real decreto) es el recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en el plazo de dos meses desde su publicación. Este control de legalidad examina si el reglamento se ajusta a la Constitución y a las leyes. Quien tenga interés legítimo puede interponer la impugnación. Además, existen procedimientos de cuestión de ilegalidad que pueden plantearse en un litigio específico. Si el TS lo anula, el reglamento queda sin efecto. Para normativas autonómicas, se acude a su Tribunal Superior de Justicia, y también cabe recurso de inconstitucionalidad si excede la competencia autonómica.