fecha de respuesta: 11.01.2025
El principio de proporcionalidad exige que la pena guarde coherencia con la gravedad del delito y el daño causado, evitando castigos excesivos o insignificantes. El legislador fija márgenes en el Código Penal, valorando la lesividad de la conducta y su trascendencia social. El juez, al individualizar la pena, considera las circunstancias personales y la peligrosidad del autor. Además, la Constitución y tratados internacionales prohíben penas inhumanas o degradantes, como la tortura o la cadena perpetua sin posibilidad de revisión. Así se equilibra la defensa social con los derechos fundamentales, garantizando la eficacia y la dignidad del sistema penal.