fecha de respuesta: 31.10.2024
La Ley de Transparencia y las normas de buen gobierno prevén canales de quejas y sugerencias para mejorar la calidad de los servicios públicos. El ciudadano puede presentarlas por escrito o en registros electrónicos, describiendo la deficiencia o propuesta. No son recursos administrativos, por tanto no anulan actos ni obligan a resolver en sentido estimatorio. La Administración debe acusar recibo y responder en un plazo razonable, informando si se adopta alguna medida correctora. Sirven para la mejora continua, pero su efecto no es resolver conflictos jurídicos, sino detectar ineficiencias y tratar de corregirlas internamente.