¿En qué consiste la Ley de Transparencia y qué obligaciones impone a las Administraciones?

La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (Ley 19/2013) obliga a las Administraciones a difundir activamente datos relevantes (contratos, subvenciones, retribuciones de altos cargos) y garantiza el derecho de acceso a la información pública previa solicitud, salvo límites por protección de datos, seguridad o secreto comercial. Deben contar con un portal de transparencia y resolver peticiones en un plazo de un mes, prorrogable. Si deniegan, el solicitante puede reclamar ante el Consejo de Transparencia y luego ante lo contencioso-administrativo. Todo esto busca mayor participación y control ciudadano sobre la gestión pública.