fecha de respuesta: 13.01.2025
La Ley 8/2021 reformó la legislación civil y procesal para adecuarla a la Convención de la ONU sobre Discapacidad, suprimiendo la tutela de personas adultas y la patria potestad prorrogada. Ahora, la institución principal es la curatela, un apoyo para la toma de decisiones, manteniendo al máximo la autonomía de la persona con discapacidad. El curador no sustituye la voluntad, sino que ayuda en actos concretos según lo que fije la sentencia. Para casos muy excepcionales donde la persona no puede expresar voluntades, se prevé la defensa judicial puntual. Se busca un modelo centrado en el respeto a la voluntad y preferencias del interesado.