fecha de respuesta: 04.12.2024
La legislación obliga a acompañar los planes urbanísticos con un informe de sostenibilidad económica, evaluando los costes de las nuevas infraestructuras y dotaciones, la estimación de ingresos (por ejemplo, aprovechamientos o contribuciones), y el impacto en las arcas públicas. Se pretende garantizar que las actuaciones proyectadas no generen un déficit insostenible para el ayuntamiento, asegurando la provisión de servicios básicos. Este informe analiza la demanda de servicios (educación, transportes, seguridad) y la capacidad presupuestaria. Así, se evita aprobar planes irreales o con sobrecarga financiera para el municipio, promoviendo un desarrollo equilibrado y con cobertura económica.