fecha de respuesta: 09.11.2024
Las viviendas de protección oficial (VPO) están sujetas a un régimen legal que fija un precio máximo de venta y alquiler, requisitos de ocupación y, a veces, un periodo mínimo de residencia. El titular no puede venderla libremente por encima del precio tasado, ni alquilarla sin respetar los límites. Además, para vender, suele requerirse autorización de la comunidad autónoma si no ha transcurrido el plazo de protección. Si se infringen estas condiciones, se pueden imponer sanciones y, en algunos casos, obligar a la devolución de las ayudas públicas recibidas. Con el tiempo, una VPO puede descalificarse, pasando a régimen libre, pero se requieren trámites y, a menudo, el reembolso de subvenciones.