¿Qué es la objeción de legalidad de un funcionario habilitado y sus consecuencias?

El interventor o secretario puede emitir un reparo u objeción de legalidad cuando advierte que un acto, contrato o gasto contraviene la ley. Consiste en un informe donde expone los vicios legales. Si la autoridad insiste en continuar pese al reparo, debe razonar por qué. En algunos casos, la aprobación final pasa a un órgano superior o al Pleno. La objeción protege al funcionario frente a responsabilidades, dejando constancia de su advertencia. Si el acto es claramente ilegal y la autoridad lo ejecuta, puede derivar en responsabilidad contable o penal. Este mecanismo refuerza la legalidad en la gestión de fondos públicos.