fecha de respuesta: 22.11.2024
La potestad reglada se ejerce cuando la ley marca de forma rígida las condiciones y la consecuencia: si se cumplen los requisitos, la Administración debe conceder la autorización, sin margen para negarla. La discrecionalidad, por su parte, otorga cierto margen de apreciación para determinar la conveniencia o el interés general (por ejemplo, la concesión de honores o la ubicación de un equipamiento público). Aun así, la discrecionalidad no es arbitrariedad: la Administración debe fundamentar sus decisiones y no vulnerar los principios generales del Derecho. Los tribunales pueden controlar el ejercicio de la discrecionalidad para evitar desvío de poder.