¿Qué es la potestad sancionadora de la Administración?

La potestad sancionadora es la facultad atribuida a los órganos públicos de imponer sanciones por infracciones administrativas, como multas, suspensión de actividades, decomisos, etc. Se basa en el principio de legalidad y debe respetar el procedimiento garantista (presunción de inocencia, tipicidad de las conductas, proporcionalidad de la sanción). Las infracciones pueden ser de tráfico, urbanísticas, medioambientales, etc. Antes de sancionar, la Administración inicia un expediente, notifica al interesado y ofrece oportunidad de alegaciones. Finalmente, dicta una resolución sancionadora que puede recurrirse. Esta facultad surge de la necesidad de velar por el orden público y el cumplimiento normativo.