¿Qué son los principios de buena administración y cómo se reflejan en la Ley de Procedimiento?

Los principios de buena administración recogen valores como la eficacia, eficiencia, transparencia, imparcialidad y buena fe que deben regir la actuación de los poderes públicos. En la Ley 39/2015 y la Ley 40/2015 se integran en normas concretas: la Administración debe solucionar los expedientes con celeridad, motivar sus decisiones, respetar la igualdad y no discriminar, y resolver conforme a derecho. Estos principios permiten anular actos que se aparten de ellos (por ejemplo, decisiones arbitrarias o dilaciones injustificadas), y ayudan a fundamentar reclamaciones de responsabilidad si la Administración actúa negligentemente.