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Estoy iniciando los trámites de mi divorcio en Logroño y mi abogado me ha explicado que existen dos vías distintas según haya o no acuerdo con mi marido: una mediante convenio regulador y otra mediante un procedimiento contencioso con sentencia de medidas. No termino de entender bien qué diferencias prácticas tienen ambos caminos, ni qué ocurre si empezamos de mutuo acuerdo pero después dejamos de estar de acuerdo en algún punto concreto durante el proceso.
Estoy casado y vivo en Sevilla, y desde hace unos meses tengo serias dudas sobre si soy realmente el padre biológico de mi hijo de tres años, que está inscrito a mi nombre en el Registro Civil porque nació durante nuestro matrimonio. He encontrado indicios que me hacen sospechar y mi mujer se niega rotundamente a hacer una prueba de ADN, alegando que eso destruiría a la familia. Quiero saber si tengo derecho legalmente a exigir esa prueba y qué pasaría con la filiación del niño y con mis obligaciones como padre si se confirmara que no soy el padre biológico.
Tengo atribuido el uso de la vivienda familiar junto con mis hijos menores en Sevilla desde mi divorcio hace tres años. He iniciado una nueva relación sentimental y estamos valorando la posibilidad de que mi pareja se venga a vivir conmigo y con mis hijos a esta vivienda, o alternativamente que yo me traslade con los niños a vivir con él a su domicilio. Me gustaría saber si alguna de estas dos opciones podría hacer que perdiera el derecho de uso que actualmente tengo reconocido sobre la vivienda familiar.
Tengo sesenta años y quiero ordenar mi patrimonio en Sevilla mediante un testamento, pero no sé bien qué modalidad me conviene más, ya que he oído hablar del testamento abierto ante notario, del cerrado y del ológrafo que se puede escribir a mano sin notario. Me gustaría entender las ventajas concretas de otorgar un testamento abierto ante notario frente a estas otras opciones, especialmente pensando en la seguridad jurídica y en facilitar las cosas a mis herederos en el futuro.
Tengo un régimen de visitas establecido con mi hija de ocho años en Cádiz desde hace dos años, y mi ex mujer, que tiene la custodia, ha empezado a convivir en su domicilio con una nueva pareja que apenas conozco y de quien tengo referencias preocupantes sobre su comportamiento con menores en el pasado. Me gustaría saber si el simple hecho de que haya una nueva pareja conviviendo en casa de mi ex mujer es motivo suficiente para solicitar una modificación de la custodia actual.
Me he mudado recientemente por motivos laborales a otra ciudad a unos ciento cincuenta kilómetros de donde vive mi hijo de ocho años con su madre en Girona, con quien tengo establecido un régimen de fines de semana alternos. La distancia hace que estos desplazamientos cada quince días sean bastante costosos y agotadores tanto para mí como para mi hijo, que pasa muchas horas en el coche. Me gustaría saber cómo puedo adaptar el régimen de visitas actual a esta nueva distancia sin perjudicar demasiado el tiempo que paso con él.
Tras años reclamando el pago de la pensión de alimentos de mi hijo en Lugo, mi ex pareja finalmente ha comparecido en el juzgado alegando que se encuentra en situación de insolvencia total, sin bienes ni ingresos declarados, y el procedimiento de ejecución parece haberse estancado por esta razón. Me gustaría saber qué opciones tengo realmente si el deudor no tiene, aparentemente, nada que embargar, y si existe alguna ayuda pública mientras se resuelve o se acredita mejor su situación económica real.
Mi ex marido, con quien me divorcié en Ourense, tiene la costumbre de pagar la pensión de alimentos de nuestros hijos siempre con bastante retraso, a veces hasta con dos o tres semanas de demora respecto a la fecha pactada en el convenio regulador, aunque finalmente termina abonando el importe completo cada mes. Quiero saber si, además de reclamar puntualidad en los pagos, tengo derecho a exigirle también algún tipo de interés o recargo por esos retrasos reiterados a lo largo de los últimos meses.
Cuándo es necesario consultar a un abogado? Las personas deciden visitar a un abogado cuando enfrentan dificultades significativas. La asistencia profesional de un abogado en Madrid es a menudo solicitada cuando el caso ya está en el tribunal o en una institución y las cosas no están yendo como se esperaba. O peor aún, el caso ya ha sido perdido. Por lo tanto, recomendamos no retrasar la consulta y resolver el problema lo antes posible.
Los precios de los servicios de los abogados se determinan por el volumen de trabajo y la complejidad del caso. En promedio, los servicios de un abogado comienzan a partir de 100 EUR. Elija candidatos según las calificaciones y opiniones. Muchos tienen ejemplos de trabajos realizados.
Las consultas con abogados en Madrid comienzan desde 70 EUR y pueden ser más altas (los precios pueden variar según la complejidad de la cuestión y el tipo de respuesta).
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