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Tengo la custodia de mi hija de nueve años en Huelva, y su padre tiene establecido un régimen de visitas cada fin de semana alterno, pero en el último año ha incumplido de forma reiterada las recogidas, apareciendo tarde, cancelando a última hora sin motivo justificado en numerosas ocasiones, lo que ha generado mucha inestabilidad emocional en la niña. Me gustaría saber si, ante esta situación de incumplimiento continuado, puedo solicitar judicialmente que se reduzca el régimen de visitas actual para proteger a mi hija de esta inestabilidad.
Mi pareja y yo, residentes en Madrid, llevamos tiempo valorando la adopción internacional porque no hemos podido tener hijos biológicos y nos gustaría acoger a un niño de otro país. Hemos oído hablar de certificados de idoneidad, entidades colaboradoras y convenios internacionales, pero no tenemos claro por dónde empezar ni cuánto puede tardar todo el proceso hasta traer al menor a España. Nos gustaría entender qué organismos intervienen, qué requisitos debemos cumplir como pareja y qué validez tendrá la adopción una vez formalizada en el país de origen del niño.
Mi marido falleció hace unos meses en León tras treinta años de matrimonio en régimen de gananciales. Además de gestionar su herencia junto con nuestros dos hijos, que también son herederos, me han comentado que primero hay que liquidar la sociedad de gananciales antes de poder repartir propiamente la herencia. No entiendo bien la diferencia entre estos dos procesos ni por qué no se puede simplemente repartir directamente todo el patrimonio entre los herederos sin este paso previo.
Mi marido y yo otorgamos capitulaciones matrimoniales ante notario hace cinco años en Alicante, pactando separación de bienes, pero nunca las hemos inscrito en ningún registro adicional porque no sabíamos que fuera necesario. Ahora estamos valorando divorciarnos y su abogado dice que, al no estar inscritas en el Registro Civil, esas capitulaciones podrían no ser válidas frente a él y que en realidad seguiríamos en régimen de gananciales. Queremos saber si esto es cierto y si hemos perdido la protección que creíamos tener.
Estoy en proceso de divorcio en Málaga. Durante el matrimonio hemos vivido en una casa que pertenece legalmente a los padres de mi marido, aunque llevamos diez años residiendo allí con nuestros dos hijos, de nueve y doce años. Mi marido quiere que me vaya de la vivienda en cuanto se dicte la sentencia, pero yo tengo la custodia de los niños y no dispongo de otra vivienda cercana a su colegio. Me gustaría saber si tengo algún derecho a seguir usando esa casa aunque no figure a nuestro nombre y qué puede decidir el juez al respecto.
Pago actualmente una pensión de alimentos por mi hija de mi primer matrimonio, fijada hace cuatro años en Málaga, y mi actual pareja está embarazada de nuestro primer hijo en común, que nacerá en unos meses. Con este nuevo nacimiento, mis gastos familiares van a incrementarse considerablemente, y me gustaría saber si el nacimiento de este nuevo hijo me permite solicitar una reducción de la pensión que actualmente pago por mi hija mayor, dado que ahora tendré que repartir mis ingresos entre más personas a mi cargo.
Mi pareja y yo nos inscribimos formalmente como pareja de hecho en Madrid hace tres años, y ahora, por motivos laborales, nos trasladamos a vivir de forma permanente a otra comunidad autónoma diferente. Nos gustaría saber si nuestra inscripción como pareja de hecho sigue teniendo plena validez legal en la nueva comunidad autónoma a la que nos mudamos, o si necesitamos realizar algún trámite adicional para que nuestro estatus de pareja de hecho siga siendo reconocido allí donde vamos a residir ahora.
Mi pareja y yo llevamos inscritos como pareja de hecho en Zaragoza desde hace cinco años, pero hemos decidido de mutuo acuerdo poner fin a nuestra relación, aunque seguiremos siendo buenos amigos y colaborando en la crianza de nuestro hijo en común. Nos gustaría saber cómo se formaliza legalmente la extinción de nuestra inscripción como pareja de hecho, ya que entendemos que no basta simplemente con dejar de convivir, sino que debe existir algún trámite formal para dar de baja esta inscripción en el registro correspondiente.
Cuándo es necesario consultar a un abogado? Las personas deciden visitar a un abogado cuando enfrentan dificultades significativas. La asistencia profesional de un abogado en Madrid es a menudo solicitada cuando el caso ya está en el tribunal o en una institución y las cosas no están yendo como se esperaba. O peor aún, el caso ya ha sido perdido. Por lo tanto, recomendamos no retrasar la consulta y resolver el problema lo antes posible.
Los precios de los servicios de los abogados se determinan por el volumen de trabajo y la complejidad del caso. En promedio, los servicios de un abogado comienzan a partir de 100 EUR. Elija candidatos según las calificaciones y opiniones. Muchos tienen ejemplos de trabajos realizados.
Las consultas con abogados en Madrid comienzan desde 70 EUR y pueden ser más altas (los precios pueden variar según la complejidad de la cuestión y el tipo de respuesta).
Esto se puede hacer en el servicio español de búsqueda de abogados Abogados24-es.com de forma completamente gratuita. Es importante saber que la búsqueda conveniente y el contacto con el especialista son gratuitos, mientras que la consulta y los servicios proporcionados por los especialistas pueden ser de pago.
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