¿Cuál es el fundamento de la protección al consumidor en España?

La protección al consumidor en España descansa en el artículo 51 de la Constitución Española, que impone a los poderes públicos la obligación de proteger sus derechos. Además, a nivel estatal rige el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (TRLGDCU) y múltiples normas específicas. También la Unión Europea marca directrices a través de directivas comunitarias, reforzando la tutela en ámbitos como ventas a distancia, prácticas comerciales desleales o garantías. El fundamento radica en que el consumidor es la parte débil de la relación de consumo, por lo que se establecen principios de transparencia, seguridad y reparación de daños para equilibrar la relación con el empresario.