¿En qué consiste la decisión judicial de esterilizar a una persona con discapacidad?

Tras la reforma legal de 2020, la esterilización forzosa de personas con discapacidad sin su consentimiento está prohibida. Antes se permitía la esterilización no voluntaria en algunos supuestos para evitar embarazos, pero la nueva normativa de capacidad jurídica y la Convención de la ONU sobre discapacidad han eliminado esas excepciones. Ahora, la esterilización requiere el consentimiento libre e informado del afectado, o se considera una violación de derechos. Solo en contadas ocasiones y con justificación médica muy extraordinaria, un juez podría autorizarlo en caso de riesgo gravísimo y nula capacidad de la persona para entender, respetándose siempre la proporcionalidad. Pero la norma general es que la esterilización forzosa queda proscrita.