fecha de respuesta: 08.01.2025
La ley agrava la falsedad documental cuando la perpetra un funcionario en ejercicio de sus funciones, ya que la sociedad confía en la autenticidad de los documentos públicos. Este funcionario, al manipular documentos oficiales (certificados, actas, expedientes), atenta contra la fe pública de manera más grave. El Código Penal prescribe penas más elevadas (prisión y multa) para la falsedad cometida por autoridad o funcionario, pues su posición de confianza y su deber de lealtad al Estado agravan la conducta. Esto busca proteger el buen funcionamiento de las instituciones y la seguridad jurídica.